Escalan los conflictos con la comunidad aborigen de San Ignacio
Las comunidades de San Ignacio, sobre todo Mbokajaty, está inmersa en un plan de lucha ante la agresiva escalada de violaciones a sus derechos territoriales. No hay tregua, no pasa semana sin encontrarse con un nuevo hecho que sacuda la calma con la que viven los Mbya.
Proyectos inmobiliarios, reservas privadas, obras para casas de fin de semana, son una constante. Ingresan, como si fuera el patio de sus casas, e intentan desestabilizarlos con insultos y amenazas. La propiedad privada, por sobre cualquier otra ley, parece imponerse hoy en el discurso popular como algo absoluto, irregulable, intocable. Se erige casi como una institución.
Esto sucede en un contexto propicio para fomentar una única visión de la tierra: como mercancía. Este paradigma excluye todo juicio moral sobre las formas de posesión y propiedad colectivas y ancestrales de las Comunidades Indígenas, y olvida el reconocimiento constitucional, los tratados internacionales y las leyes aún vigentes que impiden desalojos forzados.
Con este discurso, que excluye y clasifica, que estereotipa y demoniza, se alzan violentas injusticias casi a diario en Mbokajaty. Ayer, pasada la media mañana, una mujer y dos hombres ingresaron a la Comunidad –escoltados por cuatro policías- diciendo que son los dueños del lugar. Silvio Méndez, representante legal de la Comunidad, realizó la denuncia en la Comisaría de San Ignacio, aunque resulta grotesco que, minutos antes, hayan sido oficiales de la misma unidad regional quienes ingresaron a intimidar junto con estas personas.
El miércoles, en el Mandiocazo que realizaron en Posadas, pidieron por la titulación de su territorio que ya fue relevado por Ley 26160. Hubo repercusiones mediáticas, pero hoy, nuevamente debieron lidiar con una situación desagradable. ¿Cuánto más permitirá el Gobierno provincial? Sólo pierde el que se rinde, y el Pueblo Mbya se levantó con fuerza para no dejarse vencer.
