Reunión cumbre en Venezuela: el fiscal general y el abogado de González Urrutia, cara a cara
La Fiscalía de Venezuela solicitó a un juzgado especializado en delitos de «terrorismo» que emita una «orden de aprensión» en contra de Edmundo González Urrutia por su «presunta comisión de delitos de usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio.
Ante esta situación, que el abogado de González Urrutia considera consecuencia de una violación del derecho a «la presunción de inocencia», el letrado José Vicente Haro se reunirá el fiscal general de la nación caribeña, Tarek William Saab.
El esperado encuentro entre ambos se da como parte de la defensa del antichavista, señalado por seis delitos relacionados con su denuncia de fraude en los comicios presidenciales.
Horas antes de que se concretara la reunión, el abogado había intentado entregar a la Fiscalía un documento en el que explica los motivos de la inasistencia de González Urrutia a las tres citaciones para comparecer ante el Ministerio Público por una investigación en su contra, pero no se lo recibieron.
Los objetivos de la defensa de González Urrutia en la reunión con el fiscal general
José Vicente Haro indicó que en el encuentro que mantendrá con Tarek William Saab, tratará el contenido del documento, explicará los motivos por los cuales cree debe ser recibido por la institución y responderá a las «inquietudes» de Saab.
En el escrito, según comentó, se hace un llamado a «no criminalizar» ni «judicializar» hechos políticos que, en cambio, «deben debatirse y discutirse en el terreno de la política y no» en el de «la persecución política».
Asimismo, se señala la disposición de González Urrutia a participar, junto con representantes de la coalición y del chavismo, en una «verificación autónoma», con «expertos independientes», de los resultados de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) dan la victoria al mandatario Nicolás Maduro.
Por último, Haro denunció la violación del derecho a «la presunción de inocencia» del líder antichavista, a quien «se le han precalificado delitos» con base en una investigación que «se anunció hace poco», y de «las garantías constitucionales del debido proceso», al no indicar «el carácter con el cual» fue citado.(Diario 26)